1. Contexto y hechos relevantes
El accionante ejerció labores para la entidad pública sucesora y obtuvo reconocimiento pensional efectivo a partir del 20 de enero de 1986. En la demanda pidió la reliquidación de la pensión con inclusión de la prima semestral con promedio de viáticos como factor variable, la indexación de sumas dejadas de pagar y la indexación de la primera mesada pensional por el tiempo transcurrido entre el retiro y el reconocimiento. El juzgado de primera instancia falló a favor del accionante en la condena de diferencias y reajuste. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Sincelejo modificó parcialmente la sentencia: declaró probada la excepción de prescripción respecto de las diferencias anteriores a una fecha determinada, fijó el alcance temporal del retroactivo y negó la indexación de la primera mesada al considerar que el lapso entre retiro y reconocimiento era reducido.
2. Estudio de la corte
La Sala examinó la técnica del recurso de casación y observó imprecisiones en la formulación del cargo, principalmente la mezcla de vías y submodalidades de ataque. No obstante, decidió pronunciarse de fondo sobre la negación de la indexación de la primera mesada, por tratarse de un error jurídico claro del a quo. La Corte distinguió entre dos tipos de indexación (la actualización del ingreso base de liquidación y la indexación de sumas adeudadas) y recordó su propia jurisprudencia que exige la aplicación de la fórmula matemática para el ajuste del IBL cuando el retiro y el reconocimiento no son sucesivos e inmediatos. Invocó la regla VA = VH × (IPC final / IPC inicial) y la interpretación consolidada en precedentes de esta Sala para determinar la existencia de pérdida del poder adquisitivo de la base salarial.
3. Decisión
La Corte Suprema, Sala de Casación Laboral, casa parcialmente la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo únicamente en cuanto negó la indexación de la primera mesada pensional. En sede de instancia la Sala aplicó la fórmula VA = VH × (IPC final / IPC inicial), ordenó recalcular la primera mesada y las diferencias retroactivas conforme a ese criterio, autorizó a la entidad demandada a descontar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y absolvió de costas en sede extraordinaria. La decisión definitiva fue adoptada en la sentencia SL729-2026 del 24 de junio de 2026, con ponencia de la magistrada Marjorie Zúñiga Romero.
4. Impacto práctico
Los pensionados y quienes tramitan reliquidaciones podrán invocar con mayor firmeza el derecho a que la primera mesada sea indexada cuando exista un lapso entre el retiro y el reconocimiento pensional. La decisión refuerza la protección del poder adquisitivo de las prestaciones y abre la posibilidad de obtener retroactivos superiores a los originalmente liquidados, con la salvedad de los límites temporales fijados por el juez de fondo.
Sugerencias
Corte Suprema de Justicia · 2 min lectura
Corte Suprema precisa reglas sobre indemnización moratoria y el plazo de 24 meses
La Corte Suprema de Justicia ha modificado su doctrina sobre la indemnización moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) . Anteriormente, si un trabajador con salario superior al mínimo no presentaba su demanda judicial dentro de los 24 meses siguientes a la terminación del contrato, perdía el derecho a la indemnización moratoria y solo podía reclamar intereses. Esta postura, según la Corte, resultaba lesiva para los derechos de los trabajadores y desincentivaba el cumplimiento oportuno de las obligaciones por parte de los empleadores. Con la nueva interpretación, la Sala de Casación Laboral establece que la indemnización moratoria, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, se causará durante los primeros 24 meses, sin importar si la reclamación judicial se interpone dentro o fuera de ese plazo. A partir del mes 25, si la mora persiste, se generarán intereses moratorios sobre las sumas adeudadas. Esta decisión busca fortalecer la función de apremio de la indemnización, asegurar el resarcimiento de los perjuicios al trabajador y aplicar el principio de favorabilidad, garantizando que el empleador que incumple sus obligaciones sea sancionado de manera efectiva desde el primer día de mora.
Corte Suprema de Justicia · 2 min lectura
Corte Suprema reitera reglas para el reconocimiento del traslado de regimen pensional
La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, no casó la sentencia que negó la pensión de vejez a un accionante. La decisión se fundamenta en que el traslado del afiliado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) a la administradora pública de pensiones carecía de validez jurídica. Al momento de solicitar el traslado, el accionante ya había superado la edad límite establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, que restringe la movilidad entre regímenes a quienes les falten diez años o menos para cumplir la edad de pensión, a menos que sean beneficiarios del régimen de transición con 750 semanas cotizadas al 1 de abril de 1994, requisito que el accionante no cumplía. La Corte enfatizó que esta restricción es una norma de orden público que busca proteger la sostenibilidad del sistema pensional. Aunque el Tribunal de segunda instancia omitió pronunciarse sobre la pensión de vejez bajo el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 como derecho mínimo irrenunciable, la Corte, al resolver en instancia, concluyó que la administradora pública no era la entidad legalmente obligada a reconocer la prestación, manteniendo la vinculación válida con el fondo privado.
Comisión Nacional de Disciplina Judicial · 2 min lectura
Aclaran reglas de competencia territorial en proceso disciplinario contra abogados
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió un conflicto negativo de competencia entre las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial de Antioquia y del Valle del Cauca. El caso se originó por una queja ciudadana contra dos abogados, quienes presuntamente incurrieron en irregularidades al representar a un recluso en un proceso de ejecución de penas. La controversia surgió porque el proceso penal inicial se tramitó en el Valle del Cauca, pero el recluso fue trasladado a un centro penitenciario en Antioquia, y la vigilancia de su pena quedó a cargo de un juzgado de ejecución de penas en Medellín. Ambas comisiones se declararon incompetentes. La Comisión Nacional determinó que, de acuerdo con la Ley 1123 de 2007, la competencia se establece por el lugar donde ocurrieron las presuntas faltas. Dado que las últimas actuaciones de los abogados se relacionaron con gestiones ante el juzgado de ejecución de penas de Medellín, la Comisión Nacional concluyó que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia es la competente para conocer del asunto.
Corte Constitucional · 2 min lectura
Entidades de educación deben garantizar ingreso de animales de apoyo emocional
La Corte Constitucional falló a favor de un estudiante universitario, diagnosticado con ansiedad y depresión, a quien la institución educativa le prohibió el ingreso de su perro de apoyo emocional a las aulas y otras dependencias. La Sala Novena de Revisión encontró que la universidad vulneró los derechos fundamentales a la salud mental, a la educación inclusiva y a la dignidad humana del accionante. La decisión se basó en que el protocolo institucional de la universidad establecía prohibiciones arbitrarias y no casuísticas para el acceso de animales, impidiendo la implementación de ajustes razonables necesarios para el tratamiento médico del estudiante y su desarrollo académico. Aunque se declaró la carencia actual de objeto por daño consumado, ya que el estudiante se vio forzado a renunciar a su mascota, la Corte emitió un pronunciamiento de fondo para sentar precedentes. Ordenó a la universidad presentar excusas, modificar su protocolo para permitir el acceso de animales de apoyo emocional a todos los espacios universitarios, salvo excepciones justificadas y evaluadas individualmente, y realizar jornadas de sensibilización. Además, exhortó al Ministerio de Educación a expedir lineamientos nacionales sobre estos protocolos.
Corte Suprema de Justicia · 2 min lectura
Aclaran reglas para la procedencia de cosa juzgada en acción de petición de herencia
La Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo relevante en materia de derecho sucesorio, al casar una sentencia que había declarado la excepción de cosa juzgada en un proceso de petición de herencia. La decisión del Tribunal Superior había impedido a los accionantes reclamar su condición de herederos y la reforma de una partición de bienes, argumentando que ya existían pronunciamientos previos sobre la herencia. Sin embargo, la Corte determinó que no se cumplían los requisitos de identidad de objeto, causa y partes entre el proceso de sucesión intestada original y la actual acción de petición de herencia. Se enfatizó que la pretensión de la petición de herencia, que busca el reconocimiento de la calidad de heredero y la restitución de bienes, es cualitativamente diferente a la liquidación y adjudicación de un patrimonio. Además, se destacó que los accionantes no fueron vinculados individualmente en el proceso sucesoral anterior, por lo que la sentencia de partición no podía oponérseles como cosa juzgada. Este pronunciamiento subraya la importancia de la correcta aplicación de los presupuestos de la cosa juzgada para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos sucesorios.
Corte Suprema de Justicia · 2 min lectura
Corte Suprema reitera reglas para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, emitió una sentencia complementaria en la que mantuvo su decisión de no conceder la pensión de sobrevivientes a una accionante con discapacidad. La accionante, en calidad de hermana inválida, solicitaba la prestación tras el fallecimiento de sus padres, quienes inicialmente fueron beneficiarios. La Sala, en cumplimiento de una orden de tutela que exigía un análisis concreto de la excepción de inconstitucionalidad del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, concluyó que no se acreditaron los requisitos para inaplicar la norma. Aunque se reconoció la condición de discapacidad de la accionante desde su nacimiento, no se demostró la dependencia económica sustancial respecto del causante al momento de su fallecimiento, un presupuesto fundamental para la pensión de sobrevivientes. La Corte enfatizó que la protección reforzada a personas con discapacidad no exime de la prueba de los presupuestos estructurales de la prestación, como el vínculo económico con el causante. Además, la Sala consideró que la accionante no se encontraba en un estado de abandono o desprotección constitucionalmente inadmisible, dado que cuenta con un guardador designado.
