1. Contexto y hechos relevantes
Los accionantes promovieron acción de petición de herencia contra quienes obtuvieron la adjudicación total de los bienes relictos en una sucesión intestada cuya partición fue aprobada el 19 de diciembre de 2012. En el trámite sucesoral anterior se realizó emplazamiento por edicto sin que compareciera persona alguna; la sentencia aprobatoria de la partición fue protocolizada en registros inmobiliarios y, posteriormente, se interpuso recurso extraordinario de revisión contra ella, declarado infundado el 22 de mayo de 2014. En primera instancia, mediante sentencia anticipada de 14 de febrero de 2024, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Andrés declaró probada la excepción de cosa juzgada y desestimó las pretensiones; el Tribunal Superior confirmó esa decisión el 5 de diciembre de 2024. Contra este fallo los demandantes interpusieron recurso extraordinario de casación (radicación n.° 88001-31-84-001-2023-00034-01).
2. Estudio de la corte
La Sala examinó la aplicación de la cosa juzgada conforme al artículo 303 del Código General del Proceso y la doctrina sobre la triple identidad: objeto, causa y partes, citando la decisión CSJ SC10200-2016. Determinó que la identidad de objeto no existe porque la sucesión resolvió una pretensión liquidatoria y de adjudicación a favor de los comparecientes, mientras que la petición de herencia es una acción declarativa tendiente a reconocer la calidad de heredero y obtener la restitución de la cuota. La identidad de causa falta en razón de que la pretensión actual se funda en hechos posteriores a la partición aprobada. Finalmente, la identidad de partes no concurre pues el emplazamiento por edicto no convierte en parte procesal a quien no comparece y el régimen anterior (art. 589, 591 y 1289 del Código de Procedimiento Civil) exigía actos específicos para vincular individualmente a herederos conocidos.
3. Decisión
La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez, casó la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (5 de diciembre de 2024), revocar la sentencia anticipada de 14 de febrero de 2024, y ordenar al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Andrés continuar el trámite del proceso de petición de herencia. Se dispuso que las costas de ambas instancias quedarán a cargo de la parte vencida y que, una vez en firme la providencia, se devuelva la actuación al juzgado de origen.
4. Impacto práctico
Los herederos que no fueron convocados a un trámite sucesoral podrán ejercer la acción de petición de herencia sin que la mera existencia de una partición aprobada y revisada por la vía extraordinaria constituya, por sí sola, un obstáculo insalvable; se protege la posibilidad de reclamar la restitución de la cuota hereditaria.
Sugerencias
Corte Suprema de Justicia · 2 min lectura
Corte Suprema aclara cómo se indexan el retroactivo y la primera mesada pensional
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha emitido una decisión trascendental al casar parcialmente una sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo. La controversia giraba en torno a la reliquidación y reajuste pensional de un extrabajador, quien solicitaba la inclusión de factores salariales y la indexación de su primera mesada. El Tribunal había negado la indexación de la primera mesada, argumentando que el lapso entre el retiro y el reconocimiento pensional no era considerable para justificar un ajuste. Sin embargo, la Corte Suprema corrigió esta postura, enfatizando que la jurisprudencia exige la aplicación de una fórmula matemática para determinar la pérdida de poder adquisitivo de la base salarial cuando el retiro del servicio y el reconocimiento pensional no son inmediatos. Esta decisión subraya la importancia de proteger el valor real de las mesadas pensionales frente a la inflación, incluso en casos donde el periodo de espera no sea excesivamente prolongado. Como resultado, la entidad demandada deberá pagar un retroactivo significativamente mayor y una mesada pensional actualizada, reafirmando el derecho de los pensionados a recibir prestaciones ajustadas a la realidad económica.
Corte Constitucional · 2 min lectura
Entidades de educación deben garantizar ingreso de animales de apoyo emocional
La Corte Constitucional falló a favor de un estudiante universitario, diagnosticado con ansiedad y depresión, a quien la institución educativa le prohibió el ingreso de su perro de apoyo emocional a las aulas y otras dependencias. La Sala Novena de Revisión encontró que la universidad vulneró los derechos fundamentales a la salud mental, a la educación inclusiva y a la dignidad humana del accionante. La decisión se basó en que el protocolo institucional de la universidad establecía prohibiciones arbitrarias y no casuísticas para el acceso de animales, impidiendo la implementación de ajustes razonables necesarios para el tratamiento médico del estudiante y su desarrollo académico. Aunque se declaró la carencia actual de objeto por daño consumado, ya que el estudiante se vio forzado a renunciar a su mascota, la Corte emitió un pronunciamiento de fondo para sentar precedentes. Ordenó a la universidad presentar excusas, modificar su protocolo para permitir el acceso de animales de apoyo emocional a todos los espacios universitarios, salvo excepciones justificadas y evaluadas individualmente, y realizar jornadas de sensibilización. Además, exhortó al Ministerio de Educación a expedir lineamientos nacionales sobre estos protocolos.
Corte Suprema de Justicia · 2 min lectura
Corte Suprema reitera reglas para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, emitió una sentencia complementaria en la que mantuvo su decisión de no conceder la pensión de sobrevivientes a una accionante con discapacidad. La accionante, en calidad de hermana inválida, solicitaba la prestación tras el fallecimiento de sus padres, quienes inicialmente fueron beneficiarios. La Sala, en cumplimiento de una orden de tutela que exigía un análisis concreto de la excepción de inconstitucionalidad del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, concluyó que no se acreditaron los requisitos para inaplicar la norma. Aunque se reconoció la condición de discapacidad de la accionante desde su nacimiento, no se demostró la dependencia económica sustancial respecto del causante al momento de su fallecimiento, un presupuesto fundamental para la pensión de sobrevivientes. La Corte enfatizó que la protección reforzada a personas con discapacidad no exime de la prueba de los presupuestos estructurales de la prestación, como el vínculo económico con el causante. Además, la Sala consideró que la accionante no se encontraba en un estado de abandono o desprotección constitucionalmente inadmisible, dado que cuenta con un guardador designado.
Corte Suprema de Justicia · 2 min lectura
Alcance del concurso homogéneo en el delito de violencia intrafamiliar agravada
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha emitido una sentencia trascendental que redefine la aplicación del concurso de delitos en casos de violencia intrafamiliar. Anteriormente, la jurisprudencia tendía a considerar múltiples actos de maltrato como una única conducta delictiva bajo el concepto de 'unidad de acción'. Sin embargo, la Sala ha decidido modificar esta postura, permitiendo que, de manera excepcional, el delito de violencia intrafamiliar pueda ser imputado en concurso real, homogéneo y sucesivo. Esta nueva interpretación se aplicará cuando existan pruebas que demuestren la autonomía y la posibilidad de separar cada conducta punible, incluso si estas se enmarcan en una unidad de acción individual. La decisión surge de la revisión de un caso donde un accionado fue condenado por múltiples agresiones a su expareja, y la Corte identificó que cada evento constituía un delito independiente. Adicionalmente, la Sala corrigió un error en la dosificación de la pena impuesta por las instancias inferiores, ajustando la condena de prisión para garantizar la legalidad y proporcionalidad, sin afectar negativamente al accionado debido al principio de no reforma en peor.
Corte Suprema de Justicia · 2 min lectura
Corte Suprema reitera requisitos para la prosperidad de la acción reivindicatoria
La Corte Suprema de Justicia ha desestimado un recurso de casación presentado por una sociedad que buscaba la reivindicación de una porción de un predio. La decisión del alto tribunal ratifica la sentencia de segunda instancia, la cual había negado las pretensiones de la sociedad interviniente. El Tribunal consideró que la sociedad no logró demostrar de manera fehaciente su derecho de dominio sobre el inmueble, ni la correcta identificación física y jurídica de la porción reclamada. Además, no se probó que dicha porción no formara parte del predio colindante de la demandada inicial. La Corte enfatizó que para la prosperidad de una acción reivindicatoria es indispensable acreditar el derecho de dominio del actor, la posesión material del demandado, la singularidad de la cosa y la identidad entre lo reivindicado y lo poseído. En este caso, los argumentos de la sociedad recurrente no lograron desvirtuar los pilares de la decisión del Tribunal, que se mantuvo firme al no evidenciarse errores manifiestos y trascendentes en la valoración probatoria.
Corte Suprema de Justicia · 2 min lectura
Exequátur de divorcio brasileño por reciprocidad y protección de derechos de menores
La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, ha emitido una decisión trascendental al conceder el exequátur a una sentencia de divorcio dictada por un juzgado de familia en Brasil. Esta determinación permite que la providencia extranjera surta plenos efectos jurídicos en Colombia, facilitando la disolución del vínculo matrimonial entre los cónyuges. La Corte fundamentó su fallo en la existencia de reciprocidad diplomática entre ambos países, amparada por la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Se verificó que la sentencia cumplía con todas las formalidades legales, incluyendo la debida traducción y legalización, y que la autoridad judicial brasileña actuó dentro de su competencia internacional. Un aspecto crucial de la decisión fue la constatación de que el divorcio fue consensuado, garantizando el derecho de defensa de ambas partes. Además, la Corte analizó detalladamente que la sentencia extranjera no contravenía el orden público colombiano, especialmente en lo concerniente a la protección de los derechos de la hija menor de la pareja, cuyo acuerdo de custodia, visitas y alimentos fue considerado compatible con la legislación nacional, salvaguardando su interés superior.
