1. Contexto y hechos relevantes
La actuación tuvo origen en una queja presentada por la quejosa contra dos abogados por presuntas irregularidades en la representación de un recluso en trámite de ejecución de penas, dentro del proceso radicado No.: 761116000 000 2019 00167 00. Inicialmente el expediente penal y las sentencias condenatorias estuvieron vinculadas a Juzgados de Buga y Cali (Valle del Cauca), pero por disposición administrativa el condenado fue trasladado al Complejo Carcelario y Penitenciario El Pedregal, de Medellín, y la vigilancia de la pena quedó a cargo del Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín. La Comisión Seccional de Antioquia remitió inicialmente las diligencias a la Seccional del Valle del Cauca por estimar que el conocimiento originario del asunto pertenecía a esa jurisdicción. En sentido contrario, la Seccional del Valle del Cauca declaró su incompetencia por considerar que las gestiones objetadas debieron realizarse ante el juzgado de ejecución de penas de Medellín. Ante el conflicto negativo entre ambas seccionales, el asunto fue llevado a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
2. Estudio de la corte
La Comisión Nacional asumió la competencia conforme a lo previsto en el artículo 257A de la Constitución Política, el numeral 2° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 y el numeral 2º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007. Centró su análisis en el artículo 60 de la Ley 1123 de 2007, que determina que la competencia de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias se define, entre otros factores, por el lugar donde se cometieron las faltas disciplinarias. Ratio decidendi: la comisión consideró que las últimas actuaciones relacionadas con el encargo profesional se materializaron en la jurisdicción donde el recluso cumplía la pena (el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín) y, por tanto, la competencia territorial para conocer la queja correspondía a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.
3. Decisión
La Comisión Nacional declaró procedente el conflicto negativo y resolvió adscribir el conocimiento del proceso disciplinario a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia. Ordenó efectuar las notificaciones por correo electrónico adjuntando copia integral de la providencia en formato PDF no modificable, remitió el expediente a la Seccional de Antioquia y libró las comunicaciones pertinentes para su cumplimiento.
4. Impacto práctico
Mayor previsibilidad sobre el lugar donde deben tramitarse las quejas contra abogados en casos vinculados a la ejecución de penas: las quejas relacionadas con gestiones realizadas ante el juzgado de ejecución de penas y el lugar de reclusión del condenado deberán dirigirse a la Comisión Seccional correspondiente a esa jurisdicción.
Sugerencias
Corte Suprema de Justicia · 2 min lectura
Corte Suprema precisa reglas sobre indemnización moratoria y el plazo de 24 meses
La Corte Suprema de Justicia ha modificado su doctrina sobre la indemnización moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) . Anteriormente, si un trabajador con salario superior al mínimo no presentaba su demanda judicial dentro de los 24 meses siguientes a la terminación del contrato, perdía el derecho a la indemnización moratoria y solo podía reclamar intereses. Esta postura, según la Corte, resultaba lesiva para los derechos de los trabajadores y desincentivaba el cumplimiento oportuno de las obligaciones por parte de los empleadores. Con la nueva interpretación, la Sala de Casación Laboral establece que la indemnización moratoria, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, se causará durante los primeros 24 meses, sin importar si la reclamación judicial se interpone dentro o fuera de ese plazo. A partir del mes 25, si la mora persiste, se generarán intereses moratorios sobre las sumas adeudadas. Esta decisión busca fortalecer la función de apremio de la indemnización, asegurar el resarcimiento de los perjuicios al trabajador y aplicar el principio de favorabilidad, garantizando que el empleador que incumple sus obligaciones sea sancionado de manera efectiva desde el primer día de mora.
Corte Suprema de Justicia · 2 min lectura
Corte Suprema reitera reglas para el reconocimiento del traslado de regimen pensional
La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, no casó la sentencia que negó la pensión de vejez a un accionante. La decisión se fundamenta en que el traslado del afiliado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) a la administradora pública de pensiones carecía de validez jurídica. Al momento de solicitar el traslado, el accionante ya había superado la edad límite establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, que restringe la movilidad entre regímenes a quienes les falten diez años o menos para cumplir la edad de pensión, a menos que sean beneficiarios del régimen de transición con 750 semanas cotizadas al 1 de abril de 1994, requisito que el accionante no cumplía. La Corte enfatizó que esta restricción es una norma de orden público que busca proteger la sostenibilidad del sistema pensional. Aunque el Tribunal de segunda instancia omitió pronunciarse sobre la pensión de vejez bajo el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 como derecho mínimo irrenunciable, la Corte, al resolver en instancia, concluyó que la administradora pública no era la entidad legalmente obligada a reconocer la prestación, manteniendo la vinculación válida con el fondo privado.
Corte Suprema de Justicia · 2 min lectura
Corte Suprema aclara cómo se indexan el retroactivo y la primera mesada pensional
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha emitido una decisión trascendental al casar parcialmente una sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo. La controversia giraba en torno a la reliquidación y reajuste pensional de un extrabajador, quien solicitaba la inclusión de factores salariales y la indexación de su primera mesada. El Tribunal había negado la indexación de la primera mesada, argumentando que el lapso entre el retiro y el reconocimiento pensional no era considerable para justificar un ajuste. Sin embargo, la Corte Suprema corrigió esta postura, enfatizando que la jurisprudencia exige la aplicación de una fórmula matemática para determinar la pérdida de poder adquisitivo de la base salarial cuando el retiro del servicio y el reconocimiento pensional no son inmediatos. Esta decisión subraya la importancia de proteger el valor real de las mesadas pensionales frente a la inflación, incluso en casos donde el periodo de espera no sea excesivamente prolongado. Como resultado, la entidad demandada deberá pagar un retroactivo significativamente mayor y una mesada pensional actualizada, reafirmando el derecho de los pensionados a recibir prestaciones ajustadas a la realidad económica.
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Entidades de educación deben garantizar ingreso de animales de apoyo emocional
La Corte Constitucional falló a favor de un estudiante universitario, diagnosticado con ansiedad y depresión, a quien la institución educativa le prohibió el ingreso de su perro de apoyo emocional a las aulas y otras dependencias. La Sala Novena de Revisión encontró que la universidad vulneró los derechos fundamentales a la salud mental, a la educación inclusiva y a la dignidad humana del accionante. La decisión se basó en que el protocolo institucional de la universidad establecía prohibiciones arbitrarias y no casuísticas para el acceso de animales, impidiendo la implementación de ajustes razonables necesarios para el tratamiento médico del estudiante y su desarrollo académico. Aunque se declaró la carencia actual de objeto por daño consumado, ya que el estudiante se vio forzado a renunciar a su mascota, la Corte emitió un pronunciamiento de fondo para sentar precedentes. Ordenó a la universidad presentar excusas, modificar su protocolo para permitir el acceso de animales de apoyo emocional a todos los espacios universitarios, salvo excepciones justificadas y evaluadas individualmente, y realizar jornadas de sensibilización. Además, exhortó al Ministerio de Educación a expedir lineamientos nacionales sobre estos protocolos.
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Aclaran reglas para la procedencia de cosa juzgada en acción de petición de herencia
La Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo relevante en materia de derecho sucesorio, al casar una sentencia que había declarado la excepción de cosa juzgada en un proceso de petición de herencia. La decisión del Tribunal Superior había impedido a los accionantes reclamar su condición de herederos y la reforma de una partición de bienes, argumentando que ya existían pronunciamientos previos sobre la herencia. Sin embargo, la Corte determinó que no se cumplían los requisitos de identidad de objeto, causa y partes entre el proceso de sucesión intestada original y la actual acción de petición de herencia. Se enfatizó que la pretensión de la petición de herencia, que busca el reconocimiento de la calidad de heredero y la restitución de bienes, es cualitativamente diferente a la liquidación y adjudicación de un patrimonio. Además, se destacó que los accionantes no fueron vinculados individualmente en el proceso sucesoral anterior, por lo que la sentencia de partición no podía oponérseles como cosa juzgada. Este pronunciamiento subraya la importancia de la correcta aplicación de los presupuestos de la cosa juzgada para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos sucesorios.
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Corte Suprema reitera reglas para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, emitió una sentencia complementaria en la que mantuvo su decisión de no conceder la pensión de sobrevivientes a una accionante con discapacidad. La accionante, en calidad de hermana inválida, solicitaba la prestación tras el fallecimiento de sus padres, quienes inicialmente fueron beneficiarios. La Sala, en cumplimiento de una orden de tutela que exigía un análisis concreto de la excepción de inconstitucionalidad del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, concluyó que no se acreditaron los requisitos para inaplicar la norma. Aunque se reconoció la condición de discapacidad de la accionante desde su nacimiento, no se demostró la dependencia económica sustancial respecto del causante al momento de su fallecimiento, un presupuesto fundamental para la pensión de sobrevivientes. La Corte enfatizó que la protección reforzada a personas con discapacidad no exime de la prueba de los presupuestos estructurales de la prestación, como el vínculo económico con el causante. Además, la Sala consideró que la accionante no se encontraba en un estado de abandono o desprotección constitucionalmente inadmisible, dado que cuenta con un guardador designado.
