1. Resumen de la novedad
El Decreto 1040 de 2026 reglamenta parcialmente preceptos de la Ley 2466 de 2025 y desarrolla disposiciones de las Leyes 1010 de 2006, 2365 de 2024, 1257 de 2008, 248 de 1995 y 2528 de 2025 relativas al acoso, la violencia y la discriminación en el ámbito laboral. Asimismo adiciona el Capítulo 8 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015. El decreto sostiene la obligación compartida de empleadores, trabajadores y Estado de prevenir, proteger, atender, investigar y sancionar hechos de violencia y acoso en el trabajo, y reconoce la protección amplia prevista en la Ley 2466 de 2025 para personas en distintas situaciones en el mundo del trabajo.
2. Novedades clave
- Amplía la protección frente al acoso, violencia y discriminación a trabajadores, contratistas, aprendices, practicantes, aspirantes y terceros.
- Reconoce conductas de acoso o violencia que pueden ocurrir una sola vez.
- Obliga a implementar y socializar una política y un protocolo específico de prevención, atención, investigación y protección.
- Exige actualizar RIT, contratos de trabajo y otras formas de vinculación.
- Establece canales confidenciales, formación anual y registro de casos.
- Impone medidas de protección inmediatas, incluso sin prueba previa.
- Prohíbe confrontación y conciliación en violencia basada en género.
- Refuerza protección contra represalias.
- Introduce enfoque de género, flexibilización probatoria y presunciones de discriminación.
- Articula la gestión con SG-SST, ARL y Ministerio del Trabajo.
3. Impacto práctico
El Decreto 1040 de 2026 obliga a las empresas a revisar integralmente sus mecanismos de prevención y atención del acoso, la violencia y la discriminación laboral. En la práctica, exige actualizar el Reglamento Interno de Trabajo, contratos y protocolos internos, establecer canales confidenciales de denuncia, definir responsables y adoptar medidas inmediatas de protección. También requiere articular estas actuaciones con el SG-SST, las ARL y el Comité de Convivencia Laboral. Además, fortalece la protección frente a represalias e introduce reglas especiales de valoración probatoria y enfoque de género, lo que exige mayor rigor documental y procedimental en las decisiones empresariales.
4. Obligaciones y alcance
Exige adoptar y socializar una política institucional y un protocolo específico de prevención, atención, investigación, protección y seguimiento, con canales seguros y confidenciales de denuncia, responsables definidos, medidas correctivas y formación anual. También obliga a actualizar el Reglamento Interno de Trabajo, los contratos laborales y otras formas de vinculación, informando sobre la existencia y obligatoriedad de estos instrumentos. Además, impone medidas inmediatas de protección a víctimas y testigos, articulación con el SG-SST y las ARL, tratamiento reservado de la información, prevención de represalias y seguimiento de los casos. En violencia basada en género incorpora reglas de no confrontación, no conciliación, enfoque diferencial y valoración probatoria con perspectiva de género, junto con mayores deberes de diligencia en las investigaciones internas. Fecha de expedición 2026-05-08.
Sugerencias
Ministerio de Salud y Protección Social · 2 min lectura
Minsalud aclara reglas sobre transcripción y pago de incapacidades
La Superintendencia Nacional de Salud trasladó al Ministerio de Salud y Protección Social una consulta sobre el procedimiento de validación de incapacidades de origen común expedidas por profesionales no adscritos a la red de la EPS del afiliado. El marco normativo vigente —Decreto 780 de 2016— establece que el empleador debe gestionar la presentación del certificado de incapacidad ante la EPS dentro de los quince días siguientes a su expedición, adjuntando epicrisis o resumen de atención según corresponda. Sin embargo, diversas EPS han informado a empleadores que la transcripción debe ser adelantada directamente por el trabajador titular de los datos personales, argumentando restricciones derivadas del tratamiento de información clínica contenida en la epicrisis y la ausencia de funcionalidades en sus canales digitales para que el empleador realice el trámite. Esta divergencia entre el deber legal del empleador y las prácticas operativas de las EPS genera incertidumbre sobre la responsabilidad procesal, los plazos de presentación y el cumplimiento de las condiciones de reconocimiento y pago. La consulta busca clarificar si la obligación de transcripción recae exclusivamente en el trabajador o si el empleador conserva la facultad de actuar en su representación, y si las EPS pueden condicionar la validación a la autorización expresa del titular de los datos clínicos, pese a que el régimen de prestaciones económicas no contempla dicha exigencia como requisito de procedibilidad.
Salud · 2 min lectura
Congreso adopta medidas para mejorar la seguridad y disponibilidad de la sangre
La Ley 2588 de 2026 introduce un marco normativo orientado a promover la inclusión y la participación en los procesos de donación de sangre, fortalecer la seguridad de donantes y pacientes transfundidos y garantizar la seguridad, disponibilidad y acceso a la sangre, sus hemocomponentes y Productos Medicinales Derivados del Plasma (PMDP) en el país. La norma prohíbe el uso de criterios discriminatorios en la selección de donantes incluyendo sexo, orientación sexual, identidad de género, raza, origen, lengua, religión u opinión política o filosófica y condiciona el diferimiento o la exclusión únicamente a factores de riesgo determinados por evidencia científica. El Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud y Protección Social quedan encargados de publicar y actualizar lineamientos técnicos, con un plazo de referencia de 18 meses para su actualización, y de exigir un lenguaje respetuoso y no estigmatizante. Además, la ley asigna responsabilidades a los bancos de sangre y a los prestadores para realizar pruebas de tamizaje y confirmación, notificar confidencialmente a donantes con resultados reactivos y garantizar la cadena transfusional.
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) · 2 min lectura
SIC precisa qué son bienes de uso personal y cuándo se configura una venta atada
La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el concepto identificado con el número 26-226272 y expedido el 2026-07-01, responde a una consulta sobre la calificación de bienes de uso personal y el alcance de la figura de venta atada. El documento delimita las competencias de la Oficina Asesora Jurídica, recuerda que los conceptos administrativos no tienen carácter vinculante y ofrece criterios interpretativos para identificar bienes de uso personal en ausencia de una definición legal expresa. El pronunciamiento cita normas y precedentes aplicables (entre ellas Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015, Ley 1480 de 2011, Decretos y sentencia C-542 de 2005) y retoma ejemplos que comúnmente se emplean en la doctrina administrativa —cepillos de dientes, desodorantes, cosméticos— para ilustrar bienes que se usan por razones sanitarias o de higiene. El concepto enfatiza la necesidad de análisis caso por caso y la imposibilidad de que la oficina resuelva situaciones particulares mediante un concepto.
Cultura, Infraestructura, Turismo, Gobierno · 2 min lectura
Ley 2578 de 2026: Nuevo día festivo en Colombia y su impacto legal y contable
La Ley 2578 de 2026 vincula a la Nación en el homenaje al municipio de Chiquinquirá, Boyacá, por sus aportes y declarándolo como destacado Centro Turístico Religioso, Histórico y Cultural. La normativa autoriza al Gobierno nacional a incorporar partidas presupuestales para el desarrollo económico, turístico y religioso del municipio, incluyendo un plan maestro de acueducto y alcantarillado, y obras de infraestructura vial como la Transversal de Boyacá y la doble calzada Zipaquirá-Barbosa. Adicionalmente, se aprueba la financiación de un proyecto audiovisual sobre el municipio y se declara el 9 de julio como día festivo nacional de obligatorio cumplimiento en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. La ley rige a partir de su promulgación el 2 de junio de 2026.
MinTrabajo · 2 min lectura
Precisan límites sobre convenciones colectivas y actas extraconvencionales
MinTrabajo precisó que la interpretación de convenciones colectivas y actas extraconvencionales no le permite declarar derechos ni resolver controversias. Así su criterio solo orienta. La decisión definitiva corresponde a jueces laborales.
Ministerio de Salud · 2 min lectura
Niegan participación de gremios como representantes en Juntas Directivas de ESE
MinSalud aclara, mediante Concepto Jurídico 2026424000867002, que los gremios de la producción pueden integrar como representantes de la comunidad las Juntas Directivas de las ESE de segundo y tercer nivel de atención. Asegura su participación activa en la ESE.
