1. Resumen de la novedad
El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante el Concepto Jurídico 2026424000867002, analizó si los gremios de la producción pueden ser considerados representantes de la comunidad en las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), especialmente en entidades de segundo y tercer nivel de atención. El Ministerio recordó que las Juntas Directivas de las E.S.E. se integran por representantes de los estamentos político-administrativo, científico de la salud y de la comunidad. Sin embargo, al analizar los requisitos exigidos a los representantes de la comunidad en el artículo 2.5.3.8.4.2.4 del Decreto 780 de 2016 (compilatorio del artículo 8 del Decreto 1876 de 1994), concluyó que dicha representación se encuentra asociada a instancias organizadas de participación de usuarios del sistema de salud, particularmente a Comités de Usuarios de Servicios de Salud. En consecuencia, MinSalud sostuvo que el ordenamiento jurídico vigente no prevé la participación de organizaciones gremiales del sector productivo como representantes de la comunidad, ni contempla un procedimiento legal o reglamentario para su postulación, elección o designación en esa calidad. El concepto tiene alcance orientador conforme al artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015. Nota crítica: aunque el concepto cita el artículo 2.5.3.8.4.2.3 del Decreto 780 de 2016, disposición que menciona expresamente al segundo representante de la comunidad designado por los gremios de la producción del área de influencia de la E.S.E., MinSalud concluye que el ordenamiento vigente no prevé la participación de organizaciones gremiales como representantes de la comunidad. Existe entonces una tensión interpretativa relevante entre la regla de designación citada y los requisitos exigidos a los representantes de la comunidad en el artículo 2.5.3.8.4.2.4 del mismo decreto.
2. Novedades clave
- MinSalud adopta una lectura restrictiva de la representación de la comunidad en las Juntas Directivas de las E.S.E.
- El concepto asocia dicha representación a Comités de Usuarios de Servicios de Salud y a los requisitos del artículo 2.5.3.8.4.2.4 del Decreto 780 de 2016.
- El Ministerio niega que los gremios de la producción puedan ser considerados integrantes del estamento comunidad para efectos de la conformación de las Juntas Directivas de las E.S.E.
- No existe, según MinSalud, procedimiento legal o reglamentario aplicable para la postulación, elección o designación de gremios del sector productivo como representantes de la comunidad.
- El concepto tiene carácter orientador y no obligatorio, conforme al artículo 28 del CPACA (Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015).
3. Impacto práctico
Este concepto es relevante para Empresas Sociales del Estado, entidades territoriales, direcciones departamentales, distritales y locales de salud, cámaras de comercio, asociaciones de usuarios y gremios del sector productivo. Su principal impacto consiste en advertir que, bajo la interpretación de MinSalud, los gremios no pueden actuar como representantes de la comunidad en las Juntas Directivas de las E.S.E., pese a la referencia normativa contenida en el artículo 2.5.3.8.4.2.3 del Decreto 780 de 2016 sobre la designación del segundo representante de la comunidad por parte de los gremios de la producción. La posición administrativa restrictiva refuerza la necesidad de verificar los requisitos reglamentarios exigidos a los representantes de la comunidad antes de cualquier proceso de postulación o designación.
4. Obligaciones y alcance
El concepto no crea obligaciones nuevas ni modifica el régimen legal de conformación de las Juntas Directivas de las E.S.E. Su alcance es orientador, conforme al artículo 28 del CPACA (Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015), por tratarse de una respuesta a una consulta elevada ante una autoridad administrativa. Este concepto no establece una fecha de entrada en vigencia específica, ni un régimen de transición o derogatorias por tratarse de una interpretación normativa y no de una ley o decreto con fuerza de ley.
Sugerencias
Salud · 2 min lectura
Congreso adopta medidas para mejorar la seguridad y disponibilidad de la sangre
La Ley 2588 de 2026 introduce un marco normativo orientado a promover la inclusión y la participación en los procesos de donación de sangre, fortalecer la seguridad de donantes y pacientes transfundidos y garantizar la seguridad, disponibilidad y acceso a la sangre, sus hemocomponentes y Productos Medicinales Derivados del Plasma (PMDP) en el país. La norma prohíbe el uso de criterios discriminatorios en la selección de donantes incluyendo sexo, orientación sexual, identidad de género, raza, origen, lengua, religión u opinión política o filosófica y condiciona el diferimiento o la exclusión únicamente a factores de riesgo determinados por evidencia científica. El Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud y Protección Social quedan encargados de publicar y actualizar lineamientos técnicos, con un plazo de referencia de 18 meses para su actualización, y de exigir un lenguaje respetuoso y no estigmatizante. Además, la ley asigna responsabilidades a los bancos de sangre y a los prestadores para realizar pruebas de tamizaje y confirmación, notificar confidencialmente a donantes con resultados reactivos y garantizar la cadena transfusional.
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) · 2 min lectura
SIC precisa qué son bienes de uso personal y cuándo se configura una venta atada
La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el concepto identificado con el número 26-226272 y expedido el 2026-07-01, responde a una consulta sobre la calificación de bienes de uso personal y el alcance de la figura de venta atada. El documento delimita las competencias de la Oficina Asesora Jurídica, recuerda que los conceptos administrativos no tienen carácter vinculante y ofrece criterios interpretativos para identificar bienes de uso personal en ausencia de una definición legal expresa. El pronunciamiento cita normas y precedentes aplicables (entre ellas Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015, Ley 1480 de 2011, Decretos y sentencia C-542 de 2005) y retoma ejemplos que comúnmente se emplean en la doctrina administrativa —cepillos de dientes, desodorantes, cosméticos— para ilustrar bienes que se usan por razones sanitarias o de higiene. El concepto enfatiza la necesidad de análisis caso por caso y la imposibilidad de que la oficina resuelva situaciones particulares mediante un concepto.
Cultura, Infraestructura, Turismo, Gobierno · 2 min lectura
Ley 2578 de 2026: Nuevo día festivo en Colombia y su impacto legal y contable
La Ley 2578 de 2026 vincula a la Nación en el homenaje al municipio de Chiquinquirá, Boyacá, por sus aportes y declarándolo como destacado Centro Turístico Religioso, Histórico y Cultural. La normativa autoriza al Gobierno nacional a incorporar partidas presupuestales para el desarrollo económico, turístico y religioso del municipio, incluyendo un plan maestro de acueducto y alcantarillado, y obras de infraestructura vial como la Transversal de Boyacá y la doble calzada Zipaquirá-Barbosa. Adicionalmente, se aprueba la financiación de un proyecto audiovisual sobre el municipio y se declara el 9 de julio como día festivo nacional de obligatorio cumplimiento en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. La ley rige a partir de su promulgación el 2 de junio de 2026.
MinTrabajo · 2 min lectura
Precisan límites sobre convenciones colectivas y actas extraconvencionales
MinTrabajo precisó que la interpretación de convenciones colectivas y actas extraconvencionales no le permite declarar derechos ni resolver controversias. Así su criterio solo orienta. La decisión definitiva corresponde a jueces laborales.
Comercio, Industria y Turismo · 2 min lectura
SIC fija reglas para fotografiar cédula de ciudadanía al actualizar datos personales
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante el Concepto No. 26-26825 emitido el 1 de marzo de 2026, precisa las facultades de la entidad en el ámbito de la protección de datos personales. El documento aborda específicamente la pertinencia de capturar fotográficamente un documento de identidad original con el fin de actualizar datos de contacto, evaluando esta práctica a la luz de los principios de necesidad y proporcionalidad consagrados en la Ley 1581 de 2012. La SIC enfatiza que sus conceptos poseen un carácter orientador y general, no constituyendo interpretaciones jurídicas definitivas. Por lo tanto, cualquier recolección de información debe realizarse en estricto cumplimiento de los principios de finalidad, circulación restringida y seguridad, garantizando el adecuado tratamiento de los datos personales y el respeto a los derechos de los titulares. La vigencia de este concepto inició el 1 de marzo de 2026.
