1. Resumen de la novedad
La Ley 2578 de 2026, expedida por el Congreso de Colombia, rinde un homenaje al municipio de Chiquinquirá, departamento de Boyacá, reconociendo su importancia histórica, cultural y religiosa. La norma vincula a la Nación en la conmemoración de sus 440 años y declara el 9 de julio como día festivo nacional. Además, faculta al Gobierno nacional para incorporar partidas presupuestales destinadas al desarrollo económico, turístico y religioso del municipio, incluyendo obras de infraestructura y saneamiento básico. Esta ley busca exaltar el patrimonio de Chiquinquirá y promover su desarrollo integral mediante la asignación de recursos y la declaratoria de un día festivo nacional.
2. Novedades clave
Desde el punto de vista laboral, esta novedad exige ajustar calendarios internos, sistemas de nómina, programación de turnos y presupuestos de personal, especialmente en empresas con operación continua. Por lo anterior este nuevo festivo deberá tratarse bajo los mismos lineamientos de los demás días de descanso obligatorio: descanso remunerado, reconocimiento de recargos cuando haya prestación efectiva del servicio y revisión de eventuales compensatorios según la habitualidad del trabajo en festivos.
3. Impacto práctico
Esta ley impacta directamente al municipio de Chiquinquirá, Boyacá y a la Nación, al vincularla en el homenaje a sus 440 años, declarando el 9 de julio como día festivo nacional para conmemorar a Nuestra Señora del Rosario. Se autoriza al Gobierno nacional a incorporar, según disponibilidad presupuestal, partidas para el desarrollo económico, turístico y religioso del municipio, incluyendo la financiación de un plan maestro de acueducto y alcantarillado.
4. Obligaciones y alcance
El Gobierno nacional deberá incorporar dentro del Presupuesto General de la Nación, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto del Mediano Plazo, recursos para: - El plan maestro de acueducto y alcantarillado del área urbana del municipio de Chiquinquirá. - La financiación de la Transversal de Boyacá (Puerto Boyacá – Chiquinquirá – Villa de Leyva – Tunja – Ramiriquí – Monterrey). - La construcción de la doble calzada Zipaquirá–Barbosa. - El Gobierno nacional, a través del Sistema de Medios Públicos, podrá incorporar recursos para un proyecto audiovisual sobre Chiquinquirá. - El 9 de julio se establece como día festivo nacional de obligatorio cumplimiento en todo el territorio colombiano. La Ley 2578 de 2026 rige a partir de la fecha de su promulgación, el 2 de junio de 2026. Con la expedición de esta ley no se contempló un régimen de transición específico, ni derogatorias expresas o tácitas.
Sugerencias
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Congreso adopta medidas para mejorar la seguridad y disponibilidad de la sangre
La Ley 2588 de 2026 introduce un marco normativo orientado a promover la inclusión y la participación en los procesos de donación de sangre, fortalecer la seguridad de donantes y pacientes transfundidos y garantizar la seguridad, disponibilidad y acceso a la sangre, sus hemocomponentes y Productos Medicinales Derivados del Plasma (PMDP) en el país. La norma prohíbe el uso de criterios discriminatorios en la selección de donantes incluyendo sexo, orientación sexual, identidad de género, raza, origen, lengua, religión u opinión política o filosófica y condiciona el diferimiento o la exclusión únicamente a factores de riesgo determinados por evidencia científica. El Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud y Protección Social quedan encargados de publicar y actualizar lineamientos técnicos, con un plazo de referencia de 18 meses para su actualización, y de exigir un lenguaje respetuoso y no estigmatizante. Además, la ley asigna responsabilidades a los bancos de sangre y a los prestadores para realizar pruebas de tamizaje y confirmación, notificar confidencialmente a donantes con resultados reactivos y garantizar la cadena transfusional.
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SIC precisa qué son bienes de uso personal y cuándo se configura una venta atada
La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el concepto identificado con el número 26-226272 y expedido el 2026-07-01, responde a una consulta sobre la calificación de bienes de uso personal y el alcance de la figura de venta atada. El documento delimita las competencias de la Oficina Asesora Jurídica, recuerda que los conceptos administrativos no tienen carácter vinculante y ofrece criterios interpretativos para identificar bienes de uso personal en ausencia de una definición legal expresa. El pronunciamiento cita normas y precedentes aplicables (entre ellas Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015, Ley 1480 de 2011, Decretos y sentencia C-542 de 2005) y retoma ejemplos que comúnmente se emplean en la doctrina administrativa —cepillos de dientes, desodorantes, cosméticos— para ilustrar bienes que se usan por razones sanitarias o de higiene. El concepto enfatiza la necesidad de análisis caso por caso y la imposibilidad de que la oficina resuelva situaciones particulares mediante un concepto.
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Precisan límites sobre convenciones colectivas y actas extraconvencionales
MinTrabajo precisó que la interpretación de convenciones colectivas y actas extraconvencionales no le permite declarar derechos ni resolver controversias. Así su criterio solo orienta. La decisión definitiva corresponde a jueces laborales.
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SIC fija reglas para fotografiar cédula de ciudadanía al actualizar datos personales
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante el Concepto No. 26-26825 emitido el 1 de marzo de 2026, precisa las facultades de la entidad en el ámbito de la protección de datos personales. El documento aborda específicamente la pertinencia de capturar fotográficamente un documento de identidad original con el fin de actualizar datos de contacto, evaluando esta práctica a la luz de los principios de necesidad y proporcionalidad consagrados en la Ley 1581 de 2012. La SIC enfatiza que sus conceptos poseen un carácter orientador y general, no constituyendo interpretaciones jurídicas definitivas. Por lo tanto, cualquier recolección de información debe realizarse en estricto cumplimiento de los principios de finalidad, circulación restringida y seguridad, garantizando el adecuado tratamiento de los datos personales y el respeto a los derechos de los titulares. La vigencia de este concepto inició el 1 de marzo de 2026.
